La cultura[1] dominante en América Latina y en México de manera particular, le ha dicho y dice a los pobres que “ellos no cuentan” —ese ha sido el mensaje expresado en las acciones de los actores públicos y privados, políticos, poderes y niveles de gobierno—, aunque demagógicamente puedan hablar de su dignidad y valor para la sociedad, la democracia y la cultura.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) hasta el 2008 en Latinoamérica 184 millones de personas viven en pobreza, de los cuales según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el periodo que va de 2008-2010, 52 millones de individuos en situación de pobreza viven en México, de esos 11.7 millones de personas viven en pobreza extrema.
La pobreza no sólo es un indicador cuantitativo o de apreciación cualitativa, ya que es un fenómeno que incide en la capacidad de las personas para gozar de los derechos humanos de manera individual y colectiva, tales como el acceso a la vivienda, la salud, la educación, al agua y/o alimentación, etc.
¿Desde qué perspectiva plantear el fenómeno sociocultural de la pobreza y sus efectos? ¿En el consumo, y la contribución de esté a la estratificación, pauperización y regulación social, que se refleja en códigos culturales basados en la distinción, diferenciación entre individuos y la ostentación que pueden tener algunos sobre otros? ¿En las culturas globalizadas, donde los objetos son clasificadores de los individuos, donde existe una psicologización y estigmatización de las reglas sociales de comportamiento que forman los criterios de estratificación?
No podría dar una respuesta precisa, o bien plantear cuál es el punto correcto de abordar a este fenómeno social, ya que la pobreza es una realidad social mundial, es un fenómeno complejo y multidimensional es una forma de desigualdad social existente, donde se combinan entre otras situaciones, bajos ingresos económicos, déficit de servicios básicos y escasas oportunidades para el desarrollo humano.
La pobreza, en la desigualdad económica encuentra su origen, en la diferencia de distribución de la riqueza entre los individuos. Si se quiere medir el nivel de desigualdad económica, puede recurrirse sin riesgo a indicadores cuantitativos generalmente relacionados con el dinero o ingreso, pero que en realidad no dan cuenta de la situación de pobreza y condiciones de vida en la que se encuentran los individuos, ni en la medida que es necesario fomentar el desarrollo de sus capacidades tanto en lo individual como en lo colectivo.
La pobreza es fenómeno social que tiene consecuencias directas, en la vida cotidiana de los individuos que la sufren, pero también surgen de la misma, efectos colaterales o también planteado como “consecuencias no planeada o imprevistas”.
Los daños colaterales, suponen una desigualdad ya existente de derechos y oportunidades, en tanto que acepta a priori la distribución desigual de los costos que implica emprender una acción (o bien desistir de ella), “los conceptos de “efectos colaterales”, “daños colaterales” y “víctimas colaterales” […] comparten entre sí en excusar cualquier acción que cause daño, justificarla y eximirla de castigo sobre la base de que no fue intencional. (Bauman, 2009, p. 159)
Bauman (2011), señala que existe una correlación selectiva entre la pobreza y la probabilidad de convertirse en víctima de las catástrofes, ya sean ocasionadas éstas por las acciones humanas o bien de la naturaleza, aunque en ambos casos se señale que los daños no fueron intencionales ni planeados, para los individuos y grupos sociales que se encuentran en la base de la desigualdad social, pasar a ser víctima colateral de otros fenómenos, son dos polos que se atraen de manera magnética.
La discriminación es un fenómeno social y político, que implica una interacción entre los individuos y de manera específica una relación asimétrica entre individuos, la cual se base en tratos de inferioridad, repudio y diferenciación, por motivos donde se alude a que alguien es pretendidamente inferior o superior, esto a través de atributos y/o características (fiscas, culturales, cognitivas, adscriptivas), que para quien discrimina son abominables, la discriminación social por lo tanto se encuentra cimentada bajo prejuicios negativos y estigmas[2] que han sido consolidados en los grupos e individuos en los ámbitos, económico, político, social y cultural.
La discriminación en un nivel social afecta de forma específica los derechos fundamentales de los individuos, y esto no sólo se reduce al desprecio u opinión negativa que se tenga por otro individuo o grupo social, el acto discriminatorio como tal tiene consecuencias reales o potenciales en torno a los derechos humanos o bien al acceso de oportunidades sociales relevantes.
La discriminación social es en sí, una práctica social violatoria de los derechos humanos fundamentales, que es moralmente rechazable, pero que, en los ámbitos públicos como la justicia, el derecho, el acceso a la vivienda, el empleo y los servicios sociales por ejemplo es inaceptable.
¿Existen relaciones de causalidad entre la pobreza y la discriminación social, como consecuencia de los efectos negativos de lo que se ha llamado discursivamente el “progreso económico”, basado en procesos de globalización e inserción de México en el mercado internacional bajo las leyes del mismo, respondiendo a los intereses económicos, donde las vidas humanas se han vuelto bienes de cambio y unas más valiosas que otras?
El consumo en las sociedades, en particular en un mundo globalizado, se proyecta a sí mismo como un orden sensible que supera la racionalidad individualista de la demanda y que pone en el centro de la explicación sociológica las relaciones entre economía y cultura […] produciendo instituciones sociales que son el puente entre lo micro y lo macro, subjetivo y lo objetivo, lo fenoménico y lo estructural haciendo del consumo un fenómeno social total. (Alonso Benito, 2003, p. 145)
La pobreza ha llegado a convertirse en una extorsión social que les exige a los individuos —para salir de dichas privaciones—, renunciar a quienes son, su identidad, origen y cultura a cambio de poder satisfacer necesidades básicas tales como la alimentación, la salud o la vivienda.
El conjunto de la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la falta de redes de protección social adecuadas, están conduciendo a la consolidación de una democracia representativa excluyente, que sólo cuenta con una minoría de ciudadanos plenos, lo cual es equivalente a plantear que se trata de regímenes políticos poco democráticos y poco representativos.
Coinciden también, la pobreza y la discriminación, en que sólo podrán ser erradicados a través de la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales, como una forma de contribuir a todos aquellos grupos desprotegidos de las posibilidades de acceder a un nivel de vida adecuado tal y como está establecido en las leyes mexicanas e internacionales.
Existe una relación de este binomio de fenómenos, el cual genera una cantidad de cierres sociales y que se debe trabajar bajo un marco democrático que logre la compatibilidad entre la aspiración antidiscriminatoria y las normas que otorgan eficiencia al mercado a la hora de asignar precios, bienes y servicios además de acciones eficaces de las políticas de acción afirmativa por parte del Estado[3].
Estos fenómenos se vinculan también bajo un concepto ideal de justicia social, bajo el cual los seres humanos sólo pueden desarrollarse colectiva e individualmente en la medida en que puedan disfrutar de un conjunto de derechos adscriptivos y con mecanismos políticos, económicos, sociales y culturales que los avalen.
Si los derechos políticos son necesarios para establecer los derechos sociales, los derechos sociales son indispensables para que los derechos políticos sean “reales” y se mantengan vigentes (Bauman, 2011, p. 24).
Sen (2003), plantea que cuando la democracia, los derechos y el desarrollo humano se armonizan, la consecuencia es una ampliación del arco de libertades de los individuos y, por tanto, un crecimiento de su dignidad y autonomía.
A través de estos fenómenos sociales, se puede observar que la ausencia de las libertades sustantivas- como el acceso universal y real a la no discriminación-, se relaciona directamente con la privación y exclusión, también exhibe y revela que existen mecanismos estructurales, institucionales, económicos, políticos y culturales ineficientes que dificultan a los individuos y grupos sociales en el desarrollo de sus capacidades, para cubrir necesidades como satisfacer su hambre, obtener atención médica, adquirir un empleo digno, acceder a la educación, el vestido, beber agua o contar con un techo para vivir. Sólo cuando el desarrollo humano de una comunidad se consolida y se garantiza, vuelve disponibles tales bienes, porqué las libertades se expanden y, por tanto, los derechos y la democracia cuentan con un contexto adecuado para volverse realidad.
Norberto Bobbio (2000) nos indica que resulta preciso concebir a los derechos civiles, políticos y sociales a partir de un mismo continuo. Puesto que: sin garantías sociales dispuestas para el ejercicio de las libertades civiles y políticas se produce un contexto discriminatorio donde sólo algunos privilegiados mantienen en salvaguarda sus intereses y prerrogativas.
Si se insiste en ver a la pobreza en el espacio del ingreso (y no directamente en términos de fallas de capacidades), el concepto relevante de la pobreza debe ser la inadecuación (parar generar capacidades mínimas aceptables), y no la escasez (independiente de las características sociales y personales). (Sen, 2003, p. 558)
Considero que es exactamente allí donde radica nuestra principal problemática al pretender erradicar estos fenómenos y también una de las razones para que la economía mexicana no se desarrolle a plenitud, la desigualdad social no es resultado solamente de las diferencias del ingreso o salariales, sino que también se debe a la incapacidad del Estado para garantizar los derechos sociales.
La pobreza y la discriminación han persistido en el tiempo y han logrado excluir a las mujeres y los grupos sociales más vulnerables: indígenas, migrantes, niños, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, etc., pero no sólo esos grupos ya que también han servido y sirven actualmente como instrumentos para la exclusión la apariencia física y la clase social a la que se pertenece.
Sí la educación ofrecida por el Estado no aumenta las oportunidades, sí los juzgados califican en función de la apariencia física, la edad o la clase social, sí el mercado del trabajo deja en informalidad del empleo a ocho de cada diez jóvenes, sí la salud es un derecho ejercido sólo por unos cuantos, sí las y los indígenas en México son cotidianamente los grandes perdedores, etc., cuando la sociedad y el Estado alimentan un cierre social sistemático para excluir a la mayoría, el problema de la desigualdad no sólo abarca el plano económico sino se convertirte en un fenómeno social más grave.
[1] La cultura la podemos concebir, como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O también como; la organización social del sentido, como pautas de significados “históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones, valores, creencias, etc». (Thompson, citado en Giménez, 2007)
[2] Se pueden mencionar tres tipos de estigmas notoriamente diferentes. En primer lugar, las abominaciones del cuerpo —las distintas deformidades físicas—. Luego, los defectos del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas deshonestidad. Todos ellos se infieren de conocidos informes sobre, por ejemplo, perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio y conductas políticas extremistas. Por último, existen los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una familia. (Goffman, 1995, p. 14)
[3] El Estado moderno es una forma de organización del poder de un territorio a través del monopolio del mismo por los gobernantes a través de sus instituciones, “es una organización de relaciones sociales (del poder), a través de procedimientos establecidos (las instituciones, la administración), útiles a la prevención y a la neutralización de los casos de conflicto y al logro de los fines terrenos que las fuerzas predominantes de la estructura social reconocen como propias e imponen como generales al país entero». (Bobbio y Matteucci, 2007, p. 566)
Referencias
Alonso Benito, L. E. (2003). La sociología del consumo y los estilos de vida de Bourdieu. En: Noya, J. (ed.), Cultura, igualdad y reflexividad: La sociología de Pierre Bourdieu. Madrid: Los Libros de la Catarata.
Bauman, Z. (2009). Vida de consumo. 1.a reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica.
Bauman, Z. (2011). Daños Colaterales, Desigualdades sociales en la era global. México: Fondo de Cultura Económica.
Bobbio, N. (2000). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Bobbio, N. y Matteucci, N. (2007). Diccionario de Política. México: Siglo XXI.
Giménez, G. (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. En: Mac Gregor, J. A. (ed.) México: CONACULTA-ITESO.
Goffman, E. (1995). Estigma: La identidad deteriorada. 6.ª ed. Argentina: Amorrortu.
Sen, A. (2003). La economía política de la focalización. En: Comercio Exterior, 53(6), pp. 555-562.
Bibliografía
CEPAL (2012). En: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) [En línea]. Disponible en: http://www.eclac.org [Consultado 15-12-2012]
CONEVAL (2012). En: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) [En línea]. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx [Consultado 15-10-2012]
Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. 1.ª reimpresión. México: Planeta.
